El 2 de octubre de 2024, con la ayuda del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día (AG) y Adventist Risk Management (ARM) presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland (GC v. Horton) para garantizar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día pueda seguir contratando solamente a aquellos que abrazan sus creencias religiosas.

Un reciente cambio en la legislación de Maryland amenaza esta libertad al obligar a la Asociación General a contratar a empleados que podrían discrepar de la fe y la misión religiosa de la Iglesia. En la siguiente entrevista, Todd McFarland, Abogado General Asociado de la AG, aclara cómo este cambio en la ley de Maryland perturbaría las creencias de larga data de la Iglesia y socavaría su ejercicio religioso.

¿Cómo se enteró la Iglesia de este asunto?

Conocimos este asunto a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Maryland en el caso Doe contra Catholic Relief Services, que reinterpretó la Ley de Prácticas de Empleo Justas de Maryland. Esta reinterpretación redujo significativamente la exención religiosa que anteriormente había permitido a las organizaciones adventistas del séptimo día contratar solamente a aquellos que comparten nuestra fe.

¿Por qué presentó la Iglesia esta demanda?

Para la Iglesia es esencial poder contratar a personas que compartan nuestra fe y apoyen nuestra misión religiosa, independientemente de su función. Sin embargo, la nueva interpretación de la ley de Maryland sugiere que únicamente los empleados que promueven directamente la misión principal de la Iglesia pueden ser contratados sobre la base de creencias compartidas. Esta ambigüedad podría llevar a los tribunales o a los funcionarios del gobierno a decidir qué funciones consideran “suficientemente religiosas” para acogerse a la exención. Creemos que todos los empleados, incluidos los que apoyan indirectamente nuestros ministerios religiosos, tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de nuestra misión. Pero ahora, la ley de Maryland nos obliga a contratar a algunos empleados que podrían oponerse a nuestra misión y creencias religiosas. Esto amenaza nuestra capacidad de avanzar en nuestra misión global de compartir el mensaje sanador de Jesús.

¿Cómo ha llegado la Iglesia a esta decisión?

Llegamos a esta decisión tras muchas oraciones y consultas. Los líderes de la Iglesia también hablaron con todos los empleadores adventistas de Maryland para conocer sus puntos de vista. Finalmente, los dirigentes de la Asociación General y de la División Norteamericana acordaron conjuntamente seguir adelante con la acción legal. La Junta Directiva de la Asociación General y las Juntas de Gestión de Riesgos Adventistas también aprobaron la demanda. Nuestro objetivo es ayudar a todos los empresarios adventistas, no solamente de Maryland, sino de todo el país.

Algunos medios de comunicación seculares han descrito que esto significa que la Iglesia pide el “derecho a despedir a los empleados LGBTQ”. ¿Es cierto?

No, esa no es una caracterización exacta. Esta demanda se refiere al derecho de la Iglesia a contratar a personas que estén en consonancia con nuestra misión religiosa. Trabajar para una iglesia implica expectativas diferentes que trabajar para una organización secular. Para que una iglesia pueda cumplir su misión con eficacia, debe tener la libertad de contratar a aquellos que comparten sus creencias fundamentales. La ley de Maryland ha protegido este principio de sentido común durante casi 25 años. Esta es la razón por la que la Asociación General y Adventist Risk Management consideran si un posible empleado es miembro de la Iglesia en situación regular como parte de sus procesos de contratación.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

A principios de octubre presentamos una demanda y una petición de medida cautelar ante un tribunal federal. Estamos a la espera de que el tribunal programe una audiencia respecto a esta moción, que debería celebrarse en los próximos meses. Tras la audiencia, esperamos que el juez se pronuncie, decidiendo si la Constitución de EE. UU. protege la capacidad de la Iglesia para contratar únicamente a quienes comparten nuestra fe y misión religiosa.