La Unión Australiana se ha sumado a los líderes cristianos de todo el país para instar al gobierno federal a que retire y vuelva a redactar el proyecto de ley sobre seguridad en línea, alegando preocupaciones sobre su posible impacto en la libertad religiosa.
La carta conjunta respalda las medidas destinadas a proteger a los australianos, en particular a los niños, del contenido nocivo en línea. Sin embargo, sostiene que el Proyecto de Ley de Enmienda sobre Seguridad en Línea (Deber de Cuidado Digital) de 2026 es demasiado amplio y carece de garantías adecuadas para la expresión religiosa legítima.
La legislación propuesta exigiría a los proveedores de servicios en línea tomar medidas razonables para proteger a los usuarios de daños en línea. El gobierno afirma que las reformas establecerían estándares mínimos de seguridad para servicios que incluyen juegos, plataformas de redes sociales y chatbots de inteligencia artificial. Los proveedores que no cumplan con estas disposiciones podrían enfrentar multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos (aproximadamente 76,5 millones de dólares estadounidenses).
A los líderes cristianos les preocupa que las sanciones sustanciales, combinadas con lo que describen como definiciones inciertas de «daño», puedan alentar a las empresas de tecnología a eliminar o restringir contenido religioso lícito.
«La enseñanza lícita no debe ser suprimida simplemente porque sea controvertida o porque algunas personas la califiquen de dañina», afirma la carta.
En ella se identifican la predicación, el culto, la educación religiosa y la discusión de la doctrina como áreas que podrían verse afectadas. Si bien el proyecto de ley protege expresamente ciertas categorías de material periodístico, de investigación, artístico y educativo, los líderes señalan que la enseñanza y el debate religiosos no están incluidos de manera expresa.
La carta también expresa inquietudes respecto a las posibles obligaciones de cumplimiento para iglesias, escuelas religiosas, organizaciones benéficas y otras organizaciones religiosas que operan sitios web o servicios en línea.
Advierte que los requisitos para evaluar riesgos, conservar registros e implementar medidas para reducir el daño podrían suponer una carga significativa para las organizaciones más pequeñas cuyos sitios web son mantenidos por voluntarios o personal a tiempo parcial.
Otras preocupaciones incluyen la falta de derechos claros para que los creadores de contenido sean notificados cuando se restrinja el material, reciban una explicación u obtengan una revisión independiente.
Los líderes reconocen las mejoras realizadas desde el borrador de consulta del proyecto de ley, incluida la eliminación de la facultad ministerial para agregar nuevas categorías de material dañino. Sin embargo, señalan que persisten preocupaciones sustanciales.
Solicitan categorías de daño grave definidas con mayor precisión, protecciones explícitas para la expresión religiosa, decisiones transparentes en la moderación de contenido y un derecho legal efectivo a la revisión.
La carta también insta al gobierno a excluir de las obligaciones a los sitios web religiosos y comunitarios que presenten un riesgo genuinamente bajo, o a simplificar sustancialmente sus requisitos.
Kojo Akomeah, director del departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Unión Australiana, señaló que el departamento continúa buscando oportunidades para dialogar con el gobierno australiano sobre el proyecto de ley. Instó a los miembros de la iglesia a orar por la situación.
«Esta legislación tiene consecuencias de gran alcance para nuestra comunicación y para compartir la esperanza que tenemos en Jesús», dijo.
«Como Iglesia que ha trabajado para promover la libertad religiosa en todo el mundo, es importante que sumemos nuestra voz a las demás que claman por la protección de la expresión religiosa».
El artículo original se publicó en el sitio de noticias de la División del Pacífico Sur.
