Iglesias serbias Ley protesta religión propuesta

Iglesias serbias Ley protesta religión propuesta

Una ley de la religión propuesta que parece favorecer a algunas religiones sobre otras ha generado protestas de los miembros de la comunidad religiosa de Serbia.

Una ley de la religión propuesta que parece favorecer a algunas religiones sobre otras ha generado protestas de los miembros de la comunidad religiosa de Serbia. Bautistas, pentecostales y adventistas del séptimo día están entre los grupos que han llamado el proyecto de ley inconstitucional y discriminatoria, diciendo que se concede a algunas religiones para un tratamiento especial.

En el preámbulo del proyecto de ley reconoce la Iglesia Ortodoxa Serbia, la Iglesia católica, luterana, las Iglesias Reformadas, y los grupos islámicos y judíos, como de "histórico y tradicional" posición en la sociedad serbia.

Estos grupos también participarán en un programa de educación religiosa que pronto será introducido en las escuelas estatales, el gobierno anunció recientemente.

La Iglesia Adventista no es uno de los grupos reconocidos como "histórica y tradicional" en el preámbulo, confirma Radisa Antic, presidente de la Iglesia Adventista en la región. Él dice que, hasta ahora, los líderes religiosos no han tenido éxito en el inicio de conversaciones con el ministro serbio de la religión, Vojisalv Milovanovic.

Durante los últimos seis años, la posición de las organizaciones religiosas en Serbia ha sido incierto. Tras la derogación de las leyes de 1993 que regula la religión comunista, los grupos religiosos obtuvieron status legal registrándose como "asociaciones de ciudadanos." Una resolución de 1995 de la Corte Suprema cerró esta opción y grupos religiosos, desde entonces, no ha podido registrarse como entidades legales. Esta nueva legislación es el gobierno de la primera post-comunista intento de redactar una ley que regule los grupos religiosos.

"Nos encontramos en una situación muy delicada ya que tendrá que solicitar el registro de nuevo", dice Antic.

Los funcionarios del gobierno han defendido la legislación, diciendo que es todavía un proyecto y que la versión final reflejará verdaderos ideales democráticos.

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