Adventistas del Séptimo Día en la región del Pacífico Sur siempre han defendido el derecho humano universal a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pero ahora es la política. El comité ejecutivo de la iglesia en esa región votó el mes pasado
Adventistas del Séptimo Día en la región del Pacífico Sur siempre han defendido el derecho humano universal a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pero ahora es la política. El comité ejecutivo de la iglesia en esa región votó el mes pasado para añadir una política de libertad religiosa a la política de los litigios de trabajo de la iglesia.
La política permite que las conferencias y misiones de la iglesia para defender legalmente sus derechos a la libertad religiosa y los derechos de sus miembros, incluido el derecho de sábado, o observancia del sábado, los adventistas del séptimo día de santificar.
Sin embargo, la política alienta fuera de los acuerdos extrajudiciales. "La prudencia debe prevalecer siempre cuando parece aconsejable buscar una tutela efectiva a través del sistema judicial, no menos importante, debido a los altos costos que se puede incurrir y las posibles consecuencias de gran alcance de las decisiones judiciales", lee la política.
Estos asentamientos deben incluir "las negociaciones directas con los empleadores y la representación de la gestión por los líderes de la iglesia" y, tal vez, "la mediación de agencias patrocinadas por el gobierno para implementar la igualdad de oportunidades y la legislación anti-discriminación".
Conferencias de la iglesia y las misiones deben seguir un proceso de cinco pasos para instigar acciones legales si un acuerdo fuera de la corte falla. Ellos deben: Evaluar la autenticidad del caso y la integridad de la persona como miembro de buena fe de la Iglesia, consultar con los abogados adecuados para determinar el alcance y el ámbito de los recursos legales y las posibilidades de recibir un resultado favorable, notificar la unión de la iglesia conferencias y misiones de la Unión de las posibles consecuencias y los costos del caso antes de proceder; controlar los gastos y posibles implicaciones de los resultados e informar a las conferencias de la Unión de la iglesia o misiones de la Unión y de la iglesia en el Pacífico Sur, y consultar con los administradores de la iglesia en el Pacífico Sur y el de relaciones públicas y libertad religiosa en las conferencias de la unión o misiones de la Unión antes de continuar con el litigio.
La política establece que las conferencias y las misiones son inicialmente financieramente responsable de la acción legal, pero reconoce que "en estos casos, puede crear precedentes legales ... la responsabilidad de los aumentos de la iglesia."
